«Coa maior vocación de consenso no ámbito técnico e no sanitario», el Ejecutivo gallego inició ayer los trámites para llevar a la práctica diaria la Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, que fue aprobada en diciembre del 2013 y entró en vigor hace cinco semanas, si bien varios de sus artículos todavía no rigen, pues para ello precisan antes de desarrollo normativo. En su reunión semanal, el Gobierno dio luz verde a sendos anteproyectos de decreto que regulan tres de los cuatro grandes derechos establecidos en la citada norma: el de la manifestación de las llamadas instrucciones previas, el de la segunda opinión facultativa y el de la libre elección de médico de familia, pediatra, enfermero y hospital. El restante, el de los tiempos máximos en lista de espera, será abordado «proximamente», según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien se comprometió a completar toda esa tarea, como tarde, antes del 3 de septiembre.

En comparecencia pública, el mandatario popular se ciñó a avanzar las líneas maestras de los tres textos aprobados de manera inicial y la Consellería de Sanidade, posteriormente, se negó a facilitar el contenido de los mismos, aduciendo que lo publicará «nos vindeiros días». De modo que la letra pequeña de esos borradores de decreto, de momento, solo la conocen quienes los han elaborado.




A tenor de lo manifestado por Feijoo, concretan procedimientos cuya aplicación la ley de referencia dejaba un tanto en el aire. Por ejemplo, cifran el tiempo máximo que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) podrá tardar en resolver las solicitudes de cambio de médico de familia, de pediatra o de enfermero (un mes), aunque prescriben que esas adscripciones habrán de ser «inmediatas» siempre que los profesionales preferidos carezcan de problemas de cupo de pacientes. Además, establecen en 14 días el tope para despachar los casos de elección de centro hospitalario para la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas, así como para el sometimiento a intervenciones quirúrgicas por problemas de salud recién detectados.

Asimismo, conceden al Sergas 25 días, a lo sumo, para dar salida a las peticiones de una segunda opinión facultativa a fin de contrastar primeros diagnósticos y propuestas de terapia: 15 para emitirla y, antes, 10 para contestar a su requerimiento. Al contrario que los anteriores, estos últimos plazos ya se conocían, pues figuraban así definidos en la ley de garantías. Lo que debería concretar el decreto de desarrollo es quién se encargará de decidir qué solicitudes se aceptan y cuáles no, así como los criterios de descarte. En su rueda de prensa, Feijoo no se detuvo a explicar eso y Sanidade, de nuevo, declinó aclararlo luego.

El último de los borradores bendecidos por el Consello se ocupa de extender el derecho a declarar las instrucciones previas, una especie de voluntades de tratamiento que el enfermo deja dictadas para el caso de que empeore y no pueda expresarse por sí mismo. Hasta la fecha, quien quiera acogerse a ello debe hacerlo ante notario o bien ante tres testigos. En el futuro, bastará con que se dirija a un registro especial, donde sus gestores serán garantes de lo dicho.

Fuente: La Voz de Galicia