Todavía tienen cuentas pendientes con Hacienda, según la Agencia Tributaria, unos 11.000 emigrantes retornados gallegos que perciben una pensión del extranjero, y no parece que el fisco vaya a reducir la presión sobre el colectivo aparcando las multas por declarar fuera de plazo en un momento en que los afectados denuncian que se están "reactivando" incluso sanciones paralizadas.

Evitar esas multas era uno de los objetivos del acuerdo unánime suscrito recientemente en el Parlamento gallego y lo que la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, solicitó por carta al ministro de Hacienda y al director de la Agencia Tributaria y que volverá a repetir ahora porque Hacienda insiste en las sanciones.




Aunque Muñoz sostuvo ayer que el Gobierno gallego puso de manifiesto ante el Gobierno central -también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante Cristóbal Montoro- "la relevancia" del tema para Galicia y la "voluntad de que se pudiesen llevar a cabo las actuaciones oportunas para hacer menos lesivo el cumplimiento de las obligaciones de este colectivo", la Agencia Tributaria no está eximiendo del pago de las sanciones a los que regularizan su situación, según denunció la diputada socialista Carmen Gallego. La parlamentaria criticó la eficacia de las gestiones realizadas por la Xunta: "Cartas y reuniones habría, pero resultados cero".

Con todo, la conselleira, tras recordar que la Xunta no tiene competencias en la materia, aseguró, en respuesta a una pregunta del PSdeG, que el Gobierno gallego seguirá "pidiendo a Hacienda, a la Agencia Tributaria, que no imponga sanciones a los emigrantes" al entender que no había "voluntad" de defraudar.

Según datos que el organismo recaudador facilitó a Muñoz, relativos a 2008 -el primer año que puso Hacienda bajo su lupa-, los retornados suponen el 6,5% de los pensionistas por jubilación e incapacidad permanente en Galicia -es decir, serían unos 33.000- y, de ellos, "un 67% cumplió con sus obligaciones", con lo cual unos 11.000 aún tendrían cuentas pendientes. Asimismo, indicó que la media de las sanciones es de 274 euros, que se suman a los 603 de media de las liquidaciones. El dato de la multa fue cuestionado por representantes de afectados que asistieron a la sesión y se concentraron ante el Parlamento. Maruchi Álvarez, portavoz de perjudicados de O Morrazo, cifró las sanciones medias "entre 600 y 750 euros".

Fuente:La Opinión de A Coruña