Ni los años de bonanza, ni el maná de los fondos europeos pudieron difuminar el histórico mapa de las dos Españas. La enorme brecha entre las llamadas regiones ricas y aquellas que son incapaces de sobrevivir por sí solas, con el también largo debate entre unas y otras sobre la continuidad del café para todos en el reparto de los fondos públicos. La publicación ayer de las cuentas territorializadas insiste en esas dos realidades económicas tan diferentes, separadas por casi 28.700 millones de euros, con un grupo de comunidades muy deficitarias para afrontar su gasto.

Galicia figura como la cuarta región que más recibe del Estado sobre lo que realmente aporta. En total, 3.240 millones, el equivalente al 5,8% de su PIB, y fruto de su menor capacidad de recaudación en impuestos y de la compensación por el gasto que la Administración central realiza aquí. La Xunta insiste en "las peculiaridades" que encarecen los servicios en la autonomía -envejecimiento y dispersión, entre otras- y se suma a la petición de que las conocidas como balanzas fiscales se tengan en cuenta solo lo justo. La polémica está servida, a las puertas de la discusión sobre el futuro de los impuestos regionales, que es precisamente la razón que esgrime Hacienda para aparcar una vez más la patata caliente de la reforma del modelo de financiación.




Algo más del 50% del saldo fiscal que el informe encargado por el departamento dirigido por Cristóbal Montoro achaca a Galicia viene de los ingresos fiscales. Concretamente, 884 de los tributos estatales y autonómicos, 607 millones en las cotizaciones sociales y 426 de los impuestos municipales. Una cantidad en la que hay que restar 290 millones del sobreesfuerzo fiscal y las rebajas de tipos en impuestos que se aplican en la región.

La explicación al resto, 1.613 millones, está en el gasto público desembolsado por el Gobierno en Galicia, con una diferencia respecto a lo que aporta la comunidad de casi 1.100 millones en protección social. El capítulo que destaca muy por encima del resto. En la comparativa per cápita, la comunidad baja hasta el sexto lugar. La financiación por habitante supera en 1.162 euros a lo que se recauda de cada uno. A la cabeza de las principales beneficiarias de las arcas estatales aparece Andalucía, con 7.421 millones de euros. Le siguen Canarias (4.054) y Castilla y León (3.929). Del otro lado de la balanza, Madrid contribuye con 16.723 millones más de los que luego obtiene; 8.455 millones en el caso de Cataluña; 2.018 millones en Valencia; y, finalmente, 1.483 millones de euros en Baleares.

"En general, las comunidades más ricas tienen una balanza negativa y las más pobres un saldo positivo", resume Ángel de la Fuente, investigador del CSIC, director de la fundación Fedea y encargado del estudio. En su opinión, "no la del Ministerio de Hacienda" -matizó-, el actual sistema de financiación no aporta "el grado igualdad en la prestación de servicios públicos que sería razonable" ni "el principio constitucional" de que no existan desigualdades entre los ciudadanos en función del territorio en el que vivan. Su afirmación apuntaba directamente a los sistemas forales de Navarra y País Vasco, "que aumentan las desigualdades".

Frente a la distribución casi a partes iguales del saldo fiscal en Galicia, en el conjunto del Estado, la grieta de los 28.700 millones proceden en su mayoría -dos tercios- de la "lógica y razonable" diferencia en los ingresos. El tercio que falta es lo preocupante, según De la Fuente, porque "el 17% está en el sistema de financiación". "Si queremos que los ciudadanos tengan derecho y acceso a servicios parecidos en toda España -afirma-, la financiación autonómica tendría que ser más uniforme de lo que es".

Fuente: La Opinión de A Coruña