El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial e iniciaba así los trámites para que ese texto se convierta en corpus jurídico. En el caso de que el documento se apruebe definitivamente tal como ha sido redactado, modificará por completo el mapa actual de la justicia, al desaparecer los partidos judiciales, que serán sustituidos por unos nuevos entes que se llamarán tribunales provinciales de instancia. Según explicaba el ministro Ruiz-Gallardón, la sede oficial de cada uno de ellos estará en la capital de la provincia, lo que en la práctica significaría no solo la desaparición de los 45 partidos judiciales actuales, sino la eliminación de cabeceras judiciales como Ferrol, Santiago e incluso la de la ciudad más poblada de Galicia, Vigo, que es también la que más causas instruye en toda la comunidad.

Este proyecto, que implicaría también la desaparición de la figura de los jueces de paz, parece no haber satisfecho a casi nadie en Galicia. Jueces, fiscales y abogados han mostrado su rechazo a la reorganización que pretende impulsar Gallardón y a ellos se han sumado ya algunos grupos políticos. Uno de los lugares en los que el anteproyecto ha sido peor recibido es Vigo. No es extraño, pues no solo absorbe los mayores volúmenes de población y causas, sino que además tiene la máxima tasa de litigiosidad de la comunidad, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, con 296,4 casos por cada mil habitantes. Aquí, los jueces han anunciado que elaborarán un informe contra la ley y el magistrado decano, Germán Serrano, ha sido claro a la hora de manifestar que «Vigo tiene que ser una sede principal, no una sede delegada». Fiscales, colectivos de abogados y los tres grupos políticos de la corporación viguesa, PSOE, PP y BNG, han mostrado su oposición a este proyecto. Es más, en la ciudad olívica comienza a hablarse de movilizaciones.




La reorganización de los partidos judiciales no gusta ni en ciudades como A Coruña, «que no pierde peso, sino todo lo contrario», según el jurista Esteban González-Zaldoz. Y no gusta porque se trata de «un novo golpe» a la población que vive en la zona rural. La propuesta del CGPJ reduciría de 14 a 4 los partidos judiciales de la provincia de A Coruña. Con esto «condenaríase a morte» a muchas poblaciones intermedias, mientras que el desplazamiento de funcionarios a las nuevas cabeceras judiciales supondría «un ataque aos seus dereitos laborais», opina la letrada Manuela Pérez Senín. A modo de ejemplo, alertó de que una persona de Curtis tendría que desplazarse unos 50 kilómetros para acceder a la Administración de Justicia, cuando ahora solo tiene que acercarse a Betanzos.

Evaristo Nogueira, decano del Colegio de Abogados de Santiago, cree que este anteproyecto «es una barbaridad y supone un retroceso de 50 años». A su juicio, la excepcionalidad que prevé el anteproyecto de ley es peligrosa, porque esconde una realidad, que es que no vamos a contar con los juzgados y servicios que tenemos ahora». Tampoco al alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), pese a compartir partido con Gallardón, le gusta la ley. «Defenderemos os intereses de Santiago, porque a demarcación xudicial de Santiago non é só a cidade, senón 26 concellos e case 280.000 habitantes».

En Ferrol, Nieves Santomé, decana del Colegio de Abogados, cree que será un «golpe tremendo» para la ciudad naval, que sufre ya las consecuencias de la crisis de los astilleros. A esto añade que la medida alejará la justicia de los ciudadanos. Motivos, ambos, por los que anuncia la oposición del colegio ferrolano.

Fuente: La Voz de Galicia