Si las ansias conservacionistas del Reino Unido llevasen a la Administración británica a declarar unilateralmente como áreas marinas protegidas amplias zonas pesqueras de Escocia, Gran Bretaña e Irlanda, esas vedas solo afectarían a los barcos que enarbolen su bandera. Es la tesis del Gobierno español. Al menos es la que ha trasladado a la diputada nacionalista Olaia Fernández Davila, que preguntó al Ejecutivo sobre las consecuencias prácticas de que la Joint Nature Conservation Committe (JNCC) -órgano británico para la conservación de la naturaleza- lograse el respaldo gubernamental para expulsar a los pesqueros de esas áreas marinas y las actuaciones realizadas desde Madrid para evitar que esa protección pueda perjudicar a los arrastreros y palangreros gallegos que operan en Gran Sol.