La contratación de obras por el sistema concesional toca fondo en Galicia. El Gobierno de Feijoo ya ha sentenciado la fórmula público-privada de adjudicación de infraestructuras que importó Fraga y a la que dio continuidad Touriño. Pero ese carpetazo llega tarde. El modelo empleado en la construcción de cuatro autovías (Barbanza, O Salnés, Santiago-Brión y Ourense-Celanova) y extrapolado incluso por el actual Ejecutivo al ámbito sanitario (nuevo hospital de Vigo) nunca fue un buen negocio para las arcas públicas. A la gravosa hipoteca que generan para la Administración, a través de peajes encubiertos que este año superarán los 33 millones, se une la obligación de acudir por contrato en auxilio de las concesionarias para cubrir con dinero público sus perdidas y preservar su equilibrio contable.

Así lo hará en las autovías de Barbanza (AG-11) y O Salnés (AG-41). La Lei de Orzamentos sentó en diciembre las bases del acuerdo que la Axencia Galega de Infraestruturas cerrará en los próximos días con las concesionarias. Inyectará a las empresas hasta un máximo de 4,7 millones para compensar la merma de ingresos por la caída de tráfico. Por los dos viales circularon el año pasado 17.345 vehículos menos de los estimados en el contrato concesional. En esta tesitura, los ingresos por el peaje encubierto que paga la Xunta son insuficientes para que la concesionaria pueda hacer frente a sus obligaciones. Y a la Administración no le queda otra que acudir con el salvavidas para evitar la quiebra de esas empresas. Ese sería el peor escenario posible, ya que obligaría a rescates multimillonarios como los que afrontará el Gobierno central en las radiales de Madrid. La otra opción es licitar de nuevo las concesiones, mucho más costosa para la Xunta.




Fuente: La Voz de Galicia