La corrupción se ha instalado en la agenda política a fuerza de detenciones, filtraciones de sumarios, revelaciones de presuntos sobornos e imputaciones que ponen en tela de juicio el funcionamiento de numerosos ayuntamientos. El asunto acaparó ayer gran parte de la atención en el Parlamento, en el que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, relativizó el impacto de casos como Pokemon, Pikachu, Patos, Muralla o Campeón, pues afectan "al 2% de los 4.100" cargos públicos de Galicia, situó en la "imposición de medidas cautelares" el requisito para exigir una dimisión y cuestionó la imputación de siete ediles del Concello de Santiago por votar a favor de pagar la defensa del concejal de Deportes con fondos públicos. "Nos cuesta a veces ver cómo se puede imputar a concelleiros por seguir los informes preceptivos de la intervención y la asesoría judicial de un concello determinado", espetó.

En contra de la reacción que habitualmente provoca la corrupción, la parte de la sesión de control dedicada a este asunto estuvo presidida por cierto guante blanco entre Feijóo y Yolanda Díaz, viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda, que pidió aplicar un nuevo baremo a la clase política: dimisión automática en caso de ser imputado.




El presidente del Ejecutivo y líder del PP gallego rechazó esa oferta y limitó las dimisiones -o ceses- a la imposición de medidas cautelares, como una fianza para evitar la prisión. "Si alguien tiene una medida cautelar, sea o no sea acusado o iniciada apertura juicio oral, en mi opinión debe dimitir. Y si depende de mí, lo cesaré", sostuvo Feijóo, si bien aseguró que "la mayoría de políticos son honrados" y que "en la política no caben actividades irregulares o delictivas".

Los propios estatutos del PP contemplan esta máxima, aunque hace apenas tres días su portavoz parlamentario Pedro Puy añadía también la apertura de juicio oral. "El PP exige la dimisión cuando se abre juicio oral y hay medidas cautelares", declaró el lunes, según Europa Press.

Los estatutos del partido indican que se abre un expediente disciplinario a cualquier militante imputado judicialmente, que tornará de expulsión en caso de condena. En el caso de los diputados, si es sometido a un juicio, este pone su acta a disposición del partido, añaden fuentes populares. En la práctica existen casos en que el PP se ha saltado estos requisitos. Los alcaldes de Fisterra y Mazaricos, ambos del PP, fueron detenidos en el marco de la operación Orquesta en 2011 y salieron de prisión en libertad provisional sin fianza con la obligación de comparecer en el juzgado quincenalmente, lo que constituye una medida cautelar. Ambos continúan en el puesto. Sin embargo, el edil de Obras de Nigrán, José Álvarez, dejó su puesto este lunes imputado en la operación Patos sin que existan medidas cautelares sobre él.

El foco se centra ahora en Santiago, calvario judicial para el PP. Tras la dimisión de Gerardo Conde Roa como alcalde en 2012 por fraude fiscal, su sucesor y varios ediles están imputados en varias causas. Una juez considera que siete de ellos -de un total de 13-, incluido el regidor Ángel Currás, cometieron prevaricación el aprobar el pago de la defensa al concejal de Deportes con cargo al concello. A un año de las municipales, la posibilidad de una dimisión en bloque haría saltar por los aires la gobernabilidad del concello, donde el PP incluso tendría problemas para completar con suplentes los puestos que le corresponden en la corporación.

Fuentes del PP santiagués, sin embargo, descartan el adiós de esos siete concejales y matizan que se trata de una imputación no vinculada a la corrupción ni de ámbito penal, sino administrativa.

Por su parte, la viceportavoz de AGE, que acudió al Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) para cifrar en un 22,5% el aumento de la corrupción, pidió a Feijóo consensuar una "política de Estado", similar al pacto antitransfuguismo, aunque como respuesta recibió alusiones a Andalucía y a cargos de IU imputados en esa comunidad y Asturias, que no han dimitido pese a estar imputados, como pedía aplicar en Galicia Yolanda Díaz.

Fuente: La Opinión de A Coruña