"¿Son razonables o no determinados gastos que tenemos en determinados servicios públicos?". Esta es la pregunta que se hace el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que responde con una propuesta: las comunidades deben pactar con el Gobierno cuáles son las prioridades en el gasto público.

El futuro modelo de financiación autonómica está ya sobre la mesa de debate y en un informe entregado al Ministerio de Hacienda las comunidades autónomas, entre ellas Galicia, se quejan de la falta de recursos suficientes para mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales. "Es muy difícil que uno dé lo que no tiene", plantea el presidente gallego, en una entrevista a Efe. "Si no podemos pagar todo, si tenemos que bajar el déficit público, si tenemos que bajar la deuda y tenemos que atender los servicios públicos esenciales, pues pactemos los gastos", recalca.




Según explica, las comunidades han hecho "un enorme esfuerzo" pero están "al límite" de su capacidad de ajuste del gasto tras seis años consecutivos de reducción de ingresos, por lo que ahora es un planteamiento "muy responsable" decir al Gobierno que hay que ponerse de acuerdo en las obligaciones y en los gastos.

Para ello Feijóo ve "útil" celebrar una Conferencia de Presidentes -reunión que han solicitado esta semana Andalucía, Canarias y Asturias-, pero matiza que "debe prepararse bien, tener contenido y que los dirigentes autonómicos se comprometan con lealtad".

En cuanto a la reforma propuesta por el PP para que en los ayuntamientos sea alcalde el candidato más votado, Feijóo abogó por ampliar este sistema a los presidentes autonómicos y al jefe del Ejecutivo central. "Antes o después en España se acabará implantando la segunda vuelta para elegir al presidente del Gobierno", apuntó.

Además, se mostró confiado en que esa reforma será posible cuando el PP tenga enfrente a un PSOE que quiera favorecer "gobiernos estables y seguridad en la alternancia política". "Cuando se negocie esta cuestión los socialistas ya tendrán un líder con el que poder hacerlo tras un largo periodo de inestabilidad ", señaló.

Feijóo defendió la propuesta de su partido porque no se "inventa nada" sino que se imita lo que ya se hace en otros países como en Portugal, donde los candidatos más votados tienen un plus que les permite gobernar.

Según explicó, en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2015 se eligen 8.000 gobiernos y podrían salir de las urnas unos 5.000 "que no sean estables". "¿Cómo se va a gobernar España en esas condiciones?", se pregunta.

En relación al número de aforados, el jefe del Ejecutivo gallego reconoce que es "elevado" y acepta la discusión sobre si todos los parlamentarios o los jueces han disfrutar esta prerrogativa. Sin embargo, sentencia que no tiene ninguna duda de que los miembros de la Casa Real han de ser aforados.

Sobre el impacto que los casos de corrupción están teniendo sobre el PP, Feijóo reconoció que está afectando a su "credibilidad". "Si no hacemos autocrítica desde la victoria a lo mejor un día la podemos hacer desde la derrota", sostuvo. "Nosotros no podemos ocultar que tenemos al tesorero del partido en la cárcel y que eso nos ha impactado a nosotros mismos", admitió. En materia aeroportuaria, el titular de la Xunta insiste en dejar la pelota del lado del Ministerio de Fomento. "Tiene que terminar su trabajo y, si no se hace, Oporto, por ejemplo, se llevará la mayoría de pasajeros del sur de Galicia", advirtió.

El presidente gallego también opinó sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé la supresión de partidos judiciales. Feijóo confía en que el Ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón "entienda la realidad territorial" de Galicia y se vea que la ordenación provincial no ha de tener aquí un rango superior.

De la imputación de la cúpula de Adif por el accidente de Angrois, Feijóo eludió desvelar si está o no de acuerdo pero aclaró que por su experiencia en consejos de administración de empresas y organismos públicos, por estos órganos no pasan ni los proyectos técnicos, ni de seguridad, ni tampoco de electrificación.

Fuente: La Opinión de A Coruña