Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón han exigido hoy que la crisis demográfica que padecen, reflejada en su envejecimiento poblacional, su baja densidad y su dispersión, tenga «un mayor peso» y esté «mejor ponderada» en la revisión del modelo de financiación autonómica.

Así figura en la declaración aprobada por los cuatro ejecutivos en el Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico celebrado hoy en Oviedo, la primera reunión de este grupo al que aspiran a incorporar a otras comunidades con una problemática similar.




Las cuatro comunidades, que reclaman también una Estrategia Española por el Cambio Demográfico, representan el 35,9 % del territorio de España y el 16,35 % de los habitantes, agrupan a más del 70 % de los núcleos de población y su estructura demográfica cuenta con más del 20 % de ciudadanos, salvo Aragón, por encima de los 64 años.

«No es una alianza contra nadie sino a favor de los ciudadanos», ha señalado el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, tras incidir en que al actual modelo de financiación autonómica ha resultado «fallido» e impide recibir los recursos necesarios para atender los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas.
Su homólogo asturiano, Guillermo Martínez, ha incidido en el encarecimiento de esos servicios en territorios de estas características por lo que se ha mostrado convencido de que el acuerdo entre las cuatro comunidades -tres gobernadas por el PP y sólo Asturias por el PSOE- se mantendrá cuando se abra el debate sobre financiación dado que todas «saben lo que se juegan».

El acuerdo suscrito hoy, que tendrá continuidad en una nueva reunión que se celebrará en Zaragoza en febrero, busca además el reconocimiento por el Gobierno central de la crisis demográfica «con respuestas singulares» con alternativas a medio plazo al declive poblacional y trasladar esta propuesta también a la UE de cara al reparto de ayudas y fondos en el periodo 2014-2020.

Según el consejero castellano-leonés, estas comunidades no están pidiendo «ningún privilegio, sino algo justo» al Gobierno central dado que el actual modelo de financiación, en su caso, aporta anualmente 500 millones menos de los necesarios para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales lo que hace necesario recurrir a la deuda para sufragarlos «y eso no puede ser».
En este sentido, el consejero de Política Territorial de Aragón, Antonio Suárez, ha recordado que la reforma de su Estatuto de Autonomía incluía la exigencia de incorporar estos parámetros al modelo de financiación y ha abogado porque las cuatro comunidades se hagan «fuertes» en la defensa de estos criterios para que sean atendidos.

También la responsable de Bienestar y Trabajo de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, se ha mostrado convencida de que este grupo fijará una posición conjunto ante el Gobierno central y ante la UE a partir de una colaboración «leal» que, ha subrayado, no es para pedir «ayudas» sino una financiación «acorde a las circunstancias».

Fuente: La Voz de Galicia