El acuerdo sobre el Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP) es el último pilar que le queda por apuntalar a la Unión Europea (UE) para completar la nueva política comunitaria de pesca (PCP). Para España, la cita de hoy en Bruselas, donde se celebrará el Consejo de Ministros de Pesca, es crucial para establecer los criterios de reparto de las ayudas pesqueras de este fondo.
No se hablará de cifras porque los presupuestos comunitarios para los próximos siete años aún no están cerrados, pero Parlamento y fuentes europeas ya están haciendo sus apuestas de lo que seguro será un montante más reducido que el actual. Fuentes de la Eurocámara aseguran que habrá disponibles 6.600 millones de euros para repartir entre todos los miembros de la Unión Europea en los próximos siete años. A falta de ajustar las cuentas de los borradores, España podría llevarse un pellizco de 1.800 millones, 800 de los cuales se reservarían para Galicia. Sin embargo, la cifra total que maneja la presidencia del Consejo es ligeramente superior: 7.350 millones de euros.
Según los borradores preliminares de la presidencia lituana de la UE, se quieren reservar 5.400 millones para la gestión compartida, que incluye objetivos como la modernización de la flota, ayudas a las paralizaciones temporales o biológicas, fondos para el desguace y ayudas a la acuicultura. Otros 1.000 millones de euros se destinarían para financiar acuerdos de pesca con terceros países y para fomentar los acuerdos entre organizaciones regionales pesqueras. Finalmente, una partida reducida de 950 millones se utilizaría para la política marítima integrada que deberá apoyar la habilitación de puertos, la mejora de las áreas marítimas y la lucha contra la contaminación a través de iniciativas medioambientales.
Proporcionalidad de los fondos
El gran reto al que se enfrentan los ministros de Pesca de los 28 es articular la herramienta financiera que debe servir a la flota española para adaptarse a la nueva normativa comunitaria.




Las dificultades a las que se enfrentan los buques para cumplir en materia de prohibición de descartes, rendimiento máximo sostenible y reducción de la flota, harán que se consuman un mayor volumen de fondos. Por eso el ministro español de Pesca, Miguel Ángel Arias Cañete, instará a sus homólogos a que el futuro reparto sea proporcional al esfuerzo que deberá hacer cada flota para no violar la nueva legislación, siempre teniendo en cuenta el número de pescadores, la importancia del sector y los desembarcos de cada país miembro. La conselleira de Mar, Rosa Quintana, acompañará durante la jornada de hoy a Arias Cañete como representante de las comunidades para apoyar la propuesta española ante la Unión Europea.
Para recibir las ayudas, España deberá pelear a fin de incluir sus criterios de distribución de fondos. Su principal demanda es reconsiderar la definición de lo que es la flota pesquera y artesanal (hoy solo engloba a las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora). España entiende que «no es una definición justa», según fuentes diplomáticas españolas. Cañete quiere ampliar el concepto a los buques de menos de 15 metros de eslora que pasan menos de 24 horas en el mar antes de volver a tierra, ligados a zonas pesqueras altamente dependientes y que utilizan artes selectivas.
Si hay acuerdo general sobre los términos, el reglamento del FEMP podría estar listo en octubre de este año y pendiente de que la PCP siga los mismos pasos para estar totalmente activo en enero del 2014.
Sanciones a Islandia y Feroe
A petición formal de España, Irlanda, Francia y Reino Unido, la comisaria de pesca, Maria Damanaki, deberá explicar los pasos que dará para activar medidas de sanción contra Islandia y Feroe por la sobreexplotación de los stocks compartidos de caballa en el Atlántico nororiental. Le exigen que «ejerza su responsabilidad» e imponga sanciones comerciales de inmediato. Alemania, Suecia y Finlandia se oponen: «Cuando se trata del atún rojo español, no se rasgan las vestiduras para castigarnos, pero cuando afecta a sus intereses, ven la pesca sostenible de otra forma, por eso no quieren sancionarles», asegura una fuente diplomática española.

Fuente: La Voz de Galicia