La renta de inclusión social de Galicia (RISGA) será por primera vez compatible con las rentas obtenidas a través de trabajos esporádicos o de escasa cuantía con el objetivo de evitar que los beneficiarios abandonen su proyecto de inserción y para evitar la economía sumergida.

Así lo ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que ha analizado un informe este jueves sobre la nueva Ley de inclusión de Galicia y acerca de su estado de tramitación.




De hecho, ha informado Feijóo, la norma será remitida ahora al Consello Económico e Social (CES) y está prevista su entrada en el Parlamento en el primer periodo de sesiones, "dando cumplimiento", con ello, a uno de los acuerdos suscritos en el seno del diálogo social y a una propuesta de resolución aprobada en el reciente debate del estado de la autonomía.

La renta de inclusión será, tras la aprobación del nuevo texto, "flexible y modular", ha destacado el titular de la Xunta. También "se reforzarán sinergias entre el área de inclusión social y del empleo" con la vista puesta en la creación de un itinerario de inserción "único y coherente", ha apuntado.

Así, en el ámbito propio de la prestación, la ley promueve el fomento del acceso al mercado de trabajo al asegurar al beneficiario una cuantía a mayores si cumple un itinerario de inserción laboral.

Feijóo también ha resaltado como una "de las grandes novedades" que se realizará un diagnóstico de empleabilidad de las personas y acciones de orientación. Para ello, los servicios sociales comunitarios trabajarán de manera coordinada con personal técnico de orientación laboral del Servicio Público de Empleo.

La RISGA se articula, de esta forma, en tres tramos distintos: el personal y familiar, el de inserción y el de transición al empleo, según ha señalado el jefe del Ejecutivo.

ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES

Por otra parte, el Consello dio luz verde también este jueves a que la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria invierta 1,3 millones de euros para financiar la contratación de 10 investigadores en las tres universidades gallegas, con la intención de prestar un "firme apoyo" a la estabilización del personal docente investigador.

A través de un convenio con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la Universidade da Coruña (UDC) y la Universidade de Vigo (UVigo), cada una de ellas recibirá un incentivo por una cantidad equivalente a tres años de salario de un profesor titular de universidad por cada investigador contratado, ha explicado Núñez Feijóo.

Los puestos acogidos a este acuerdo son todos aquellos en los que tanto la fecha de contrato o nombramiento como la de incorporación efectiva estén comprendidas entre el 1 de julio de 2011 y el 1 de febrero de 2012, y que finalizaron previamente su quinto año del contrato del programa Parga Pondal, contando con la acreditación Manuel Colmeiro.

AUDITORIO DE FERROL

La reunión semanal del Ejecutivo también aprobó la colaboración técnico-financiera de la Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Ferrol para el equipamiento del auditorio construido en la ciudad departamental.

La Xunta aportará 575.000 euros y 309.000 le corresponderán a la Diputación, mientras que el municipio se encargará de contratar, ejecutar, dirigir, controlar y recibir las obras. "Toca hacer un esfuerzo difícil sin duda, pero mucho más doloroso es tener cerrada una infraestructura por falta de equipamiento", ha dicho Feijóo.

NUEVO RÉGIMEN DE RADIODIFUSIÓN

Por otra parte, el Gobierno aprobó el nuevo régimen jurídico de la radiodifusión en Galicia, sustituyendo con ello la antigua normativa en materia de comunicación radiofónica --de 1989-- y adecuando la regulación a lo establecido en la Ley de comunicación audiovisual de 2010.

Preguntado sobre este extremo y el procedimiento de concesión de licencias que la Xunta "tiene en trámite", Alberto Núñez Feijóo ha indicado que los servicios jurídicos "están estudiando como afecta esta normativa al concurso". "Si entra en conflicto con el decreto tendremos que escuchar la propuesta jurídica", ha apuntado, para subrayar que "lo importantísimo es antes de adjudicar tener la seguridad jurídica de que no van a ser impugnadas" --las licencias--.

Fuente: EP