Catorce meses después de presentar el controvertido anteproyecto de Lei do Emprego Público para guardarlo después en el cajón, la Xunta desempolva, esta vez sí, el borrador de una norma que obligará a 120.000 empleados públicos a someterse a una evaluación individual de su rendimiento. El nuevo texto incorpora parte de las alegaciones presentadas hace más de un año por los sindicatos, pero mantiene el blindaje de los aspectos que levantaron más ampollas entre el funcionariado. Además de esa obligación de superar un examen para acceder al nuevo complemento retributivo «de desempeño», el anteproyecto abre la puerta a la movilidad forzosa de empleados y consolida el plus para los funcionarios que han ocupado altos cargos, cuyo pago está paralizado por la Xunta desde el 2012.

Con la remisión de la renovada versión del borrador a las centrales sindicales, la Consellería de Facenda retoma un proyecto que había dejado aparcado tras la decisión del Ejecutivo de penalizar por segundo año a los empleados públicos de la Xunta y de las tres universidades gallegas (95.000 trabajadores) con un recorte de las pagas extraordinarias que supone una merma media del 4 % en su retribución anual. El Gobierno autónomo nunca admitió esa decisión de levantar el pie para no añadir más presión en un momento complicado. Ni siquiera ante los sindicatos, a los que en septiembre pasado la Dirección de Función Pública comunicó que retomaría el borrador legislativo. Simplemente, se limitó a dejarlo fuera de las mesas de negociación, a las que ahora remite la nueva versión corregida.




La Xunta sostiene en la exposición de motivos que el texto surge tras una «coidadosa reflexión sobre as esixencias dun réxime do emprego público actualizado e adaptado ás necesidades da sociedade galega á que debe servir». Como advirtió Facenda a las centrales al recabar las primeras alegaciones, no habrá marcha atrás en los puntos más discutidos. El borrador, con 212 artículos, 8 disposiciones adicionales y 9 transitorias, establece que la evaluación del desempeño («procedemento mediante o cal se mide e valora a conduta profesional e o rendemento ou o logro de resultados») se adecuará «a criterios de transparencia, obxectividade, imparcialidade e non discriminación», y se aplicará «por órganos especializados dotados de autonomía funcional e non sometidos a instrucións xerárquicas». Los sindicatos habían objetado que introducía un factor de arbitrariedad, al dejar que fueran los jefes de cada departamento los que juzguen un rendimiento del que dependerán premios y penalizaciones profesionales y retributivas.

Otro aspecto que inquieta al funcionariado es la regulación de la movilidad forzosa, que Facenda justifica para equilibrar áreas con exceso y déficit de personal. Además, la norma con la que la Xunta prevé compensar previa evaluación a los trabajadores y blindar el sobresueldo de los que fueron sus jefes, afianza la libre elección de directivos de chiringuitos. No se les exige ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, a diferencia de los de las consellerías. Los sindicatos tienen hasta el 4 de julio para alegar.

Fuente: La Voz de Galicia