Es una opción voluntaria que, hasta el 2018, permitirá a 2.969 empleados públicos de la Xunta reducir la duración de su jornada entre un 25 y un 75 %, con un recorte proporcional de su sueldo. El grueso de ese proceso de jubilación parcial, que Facenda y los cuatro sindicatos (CIG, UGT, CC. OO. y CSIF) cerraron durante el verano pasado, se desarrollará a lo largo de este año, en el que hasta 1.430 trabajadores contratados como personal laboral podrán solicitar esa fórmula. Se trata de empleados que antes del 31 de diciembre cumplirán los 61 años, y que acreditan los requisitos de sumar 30 años cotizados y una antigüedad de al menos los 6 últimos en la Administración.

Hasta ahora, 136 trabajadores han solicitado acogerse a un proceso que obligará a la Xunta a mover las listas. Deberá contratar a un desempleado, en paralelo a la formalización del nuevo contrato con el jubilado parcial. Ese trabajador cubrirá la parte de la jornada que se le recorte al jubilado, pero solo hasta que este cumpla los 65 años. A medida que esos 2.969 potenciales beneficiarios lleguen a esa edad, la Xunta irá liquidando sus puestos de trabajo.