El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que su Ejecutivo se "verá obligado" a reducir en 218 millones de euros el presupuesto gallego para 2010 --que asciende a 11.686 millones en su valor consolidado-- al "negarse" el Gobierno central al pago del anticipo de los recursos adicionales del nuevo sistema de financiación por importe de 111 millones y la consiguiente pérdida de capacidad de endeudamiento.

"No es una buena noticia, pero peor sería decir que no pasa nada y después dejar a deber 200 millones", justificó en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que se comprometió a evitar los "errores y agujeros" del bipartito y anunció que, al tiempo que efectúa el "recorte" por "prudencia", interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la decisión estatal de no pagar este anticipo de los fondos adicionales.




Núñez Feijóo no especificó a qué partidas afectará este recorte en las cuentas públicas y subrayó que la Consellería de Facenda dispone de "una semana" para concretar "dónde" va a repercutir y cómo se formulará el recurso contra el Gobierno, cuyo impulso justificó ayer la titular del ramo, Marta Fernández Currás, con un informe que expuso ante el conjunto el Ejecutivo gallego.

En todo caso, el presidente lamentó tener que dar este paso por la actitud "desleal y precipitada" del Gobierno de Zapatero, al que acusó de "contradecir" su propia ley de presupuestos y el acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica. "No es posible ni aceptable hacer una rectificación a los tres meses de aprobar un acuerdo", denunció.

En la línea, advirtió al Ejecutivo central de que no se puede "improvisar" en la gestión económica ni "tratar de compensar sus malas cuentas con las de Galicia". Por ello, se reafirmó en la decisión de la Xunta de presentar un recurso para defender "los intereses legítimos" de la comunidad. "No lo haríamos si mirásemos para otro lado", recalcó.

1.272 MILLONES

Sin abandonar el marco financiero, Núñez Feijóo avanzó también la interposición "inmediata" de un segundo recurso contencioso-administrativo contra el Estado para que éste compense a Galicia los 1.272 millones de euros que, según explicó, "dejó de percibir" por medidas fiscales que el Gobierno estatal adoptó "unilateralmente" y que "financió" la comunidad.

En concreto, el presidente denunció la "minoración" de ingresos de la comunidad durante el período comprendido entre 2003 y 2008 por la decisión "unilateral" del Ejecutivo central de adoptar algunas medidas fiscales, como el denominado 'cheque bebé' de 2.500 euros o la deducción de los 400 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

"Estamos a favor de que la rebaja selectiva de impuestos, pero que la financie la Administración que la efectúa", subrayó, antes de insistir en que, en este caso, fue Galicia la que "dejó de percibir" 1.272 millones por la "falta de lealtad institucional" del Gobierno, a quien reprochó que obvie el principio de "suficiencia financiera" para el desarrollo y ejecución de sus competencias.

Los cálculos de la Xunta revelan que, de estos 1.272 millones de euros, más de 848 corresponden con el Fondo de Suficiencia, algo más de 387 de IRPF, 13,3 del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, 10,5 del impuesto de patrimonio, 6,5 de los impuestos especiales de fabricación y otros 6,3 del IVA.

ANTECEDENTES

Según explicó Feijóo, la Xunta acude a la vía contenciosa tras presentar el pasado 11 de diciembre un escrito ante el Ministerio de Economía y Hacienda en el que solicitaba una compensación por las "pérdidas ocasionadas" a Galicia a causa de la política fiscal del Estado, que recibió "un no".

Sin embargo, el presidente explicó que, tras la aprobación del nuevo sistema de financiación, el Gobierno sí concedió a la Comunidad de Aragón 500 millones de euros por la "repercusión" que podrían tener sobre sus cuentas públicas las rebajas de los impuestos cedidos.

La Xunta entiende que esta acción del Estado entraña "una discriminación" para el resto de las autonomías ya que "rompe" con el principio de igualdad entre comunidades que certifica la Constitución, por lo que ha decidido recurrir a la vía judicial.