«La nueva ley estatal fija poco más o menos que, en principio, todos los servicios que no presten los ayuntamientos pasen a prestarlos las diputaciones. Y eso, en Galicia, no va a ser así. [...] No vamos a consentir una relación directa y única entre los ayuntamientos y las diputaciones como si las comunidades autónomas no existiésemos». Habla de esa manera, sin ambages, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, alto cargo del mismo PP que ha redactado en Madrid la ley a la que alude con reproche: la de la reforma local, un texto que estas semanas enfila ya la recta de su aprobación definitiva. Para «corregir» varios de sus aspectos, él prepara en Galicia una especie de contrarreforma. En el punto de mira, el desmedido poder de los entes provinciales y el pobre fomento de las fusiones municipales que emanan de la citada norma estatal.

A la vuelta de las Navidades, el Gobierno autónomo planea iniciar el proceso para modificar la Lei de Administración Local de Galicia, la cual data de julio de 1997. Transcurridos más de 16 años desde su entrada en vigor, ya tocaba darle una vuelta, máxime después del cambio de marco legal promovido por la Moncloa. Pero, al margen de adaptarla a los tiempos, el Ejecutivo pretende aprovechar la coyuntura para, dentro de sus competencias, invalidar de facto, suavizar o matizar aquellos artículos de la normativa marco que no le terminan de convencer, que son varios. «Vamos a explotar el margen de maniobra que deja la ley española -enuncia Rueda su propósito- para cerrar mejor algunas cosas».




Fuente: La Voz de Galicia