Los alcaldes gallegos apelan a su autonomía para adaptar la reforma local planteada por Hacienda a la realidad gallega. "Nada tiene que ver un municipio de Galicia con uno de Castilla o de cualquier otra comunidad", coinciden. Bajo esta premisa, regidores de todos los partidos hacen un frente común para exigir al Gobierno de Rajoy que tenga en cuenta las singularidades de cada territorio en la futura Ley de Bases del Régimen Local. En sus alegaciones al borrador cocinado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro y que serán presentadas el lunes, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclama que los costes a los que los ayuntamientos deberán prestar cada servicio no los fije Hacienda sino que se haga "desde las autonomías". Solo así, concluyen, se respetarán las diferencias sociodemográficas de cada territorio.

"El coste de la recogida de basura nada tiene que ver en un concello gallego de mil habitantes con más de 20 núcleos de población que uno de Castilla y León de tan solo 100 vecinos y sin dispersión alguna", pone como ejemplo un regidor.




Pero el texto de la reforma aprobado por el Consejo de Ministros hace dos semanas, establece que sea Hacienda la que determine el coste estándar para cada servicio municipal. El método de cálculo que utilizará se basa en la población aunque según apuntan desde el Ejecutivo central también se tendrán en cuenta variables como la dispersión o el envejecimiento. Los resultados de esta auditoría por parte de Hacienda serán determinantes para el futuro de cada municipio: solo aquellos que sean capaces de prestar los servicios propios a ese coste podrán seguir gestionándolos. Los que suspendan el examen tendrán que ceder obligatoriamente sus competencias a las diputaciones por un periodo de cinco años o incluso, en los casos más graves, serán intervenidos por las corporaciones provinciales.

Los concellos gallegos reclaman a Hacienda que respete la autonomía local y que esa cesión de competencias a las diputaciones se haga de forma voluntaria y no "por imposición". La Fegamp avanzó también en "la definición de un núcleo de competencias mínimas que serían intransferibles a ninguna otra administración, ya que se entienden como eje de la actividad municipal".

Otro de los puntos que incluirá la Fegamp en sus alegaciones se referirá a los sueldos de los alcaldes, que Hacienda elimina para los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes y reduce a 14.000 euros anuales la nómina para los regidores de municipios con entre 1.000 y 2.000 vecinos y a 21.000 euros en los de entre 2.000 y 5.000.

Tras la reunión de la junta de portavoces de ayer, la Fegamp anunció que los grupos detallarán una propuesta salarial para los municipios de menos de 50.000 habitantes, "reconociendo, en todo caso, que no es admisible que un alcalde desempeñe su labor al frente de un municipio sin ninguna retribución digna y suficiente". Como punto de partida proponen una retribución anual de 34.000 euros para los alcaldes de pequeños municipios, un salario que se equipara al de un jefe de sección de la Xunta. Para el resto de municipios de menos de 50.000 habitantes, defienden un máximo de 50.000 euros al año, retribución que percibe un director xeral. La regulación de las principales ciudades, que superan esta población, se amoldaría a la tabla estatal.