Ahora que los juzgados empiezan a presionar al Gobierno y a la Xunta para que devuelvan parte de las extras que, según el criterio plasmado en un número cada vez mayor de sentencias, retiró de forma indebida al funcionariado, los sindicatos hacen números sobre el efecto de los recortes en el empleo público. Además de las restricciones en los derechos laborales, que el Ejecutivo central empieza a restablecer con pasos todavía tímidos, y del aligeramiento de plantillas en todas las Administraciones, los trabajadores a su servicio acumulan cinco años de recortes en sus nóminas. UGT calcula que la pérdida de poder adquisitivo entre los 95.000 empleados de la Xunta y de las tres universidades alcanza el 31,2 % desde el 2010.

Las cifras de la central abundan en el agravio de esos 95.000 trabajadores en relación a los otros 59.000 empleados públicos que están al servicio de otras Administraciones en Galicia. A diferencia del personal de la Xunta y de las universidades, los de la Administración local (26.608) y del Estado (32.499) no han visto mermadas sus retribuciones por la decisión del Ejecutivo de Feijoo de recortar las dos pagas extraordinarias del 2013 y el 2014. Es ese tijeretazo adicional el que eleva al 31,2 % la pérdida de poder adquisitivo, con el consiguiente agravio que los sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones.




Fuente: La Voz de Galicia