"Yo quiero pagar a los expropiados, pero...". El alcalde de Miño, Jesús Veiga, se queda sin palabras a la hora de pronunciarse sobre la pesada losa urbanística que amenaza con quebrantar las arcas municipales. El regidor todavía no ha digerido el último auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tumba el recurso del Concello y ratifica la condena a anticipar 21 millones de euros para resarcir a los vecinos que fueron privados hace una década de sus tierras. No se pronunciará, dice, hasta conocer la recomendaciones de sus servicios jurídicos. El fallo judicial escribe uno de los últimos capítulos del intrincado proceso urbanístico que arrancó bajo el mandato de Deogracias Romeu (PP) y que catapultó a este pequeño pueblo de poco más de 5.000 habitantes a las portadas de la prensa nacional. Miño se convirtió en paradigma del ladrillazo.

Fuente: La Opinión de A Coruña