El recién investido presidente de España, Mariano Rajoy, inicia su mandato al frente del Gobierno central con 13 conflictos constitucionales interpuestos por la Xunta pendientes de cerrar, en un contexto de aumento del índice de conflictividad que ha cobrado intensidad desde que Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas de San Caetano en abril de 2009.

Según los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, de estos 13 conflictos constitucionales, ocho son requerimientos de competencia, uno de ellos está en trámite en la Comisión Bilateral, y cuatro son recursos de inconstitucionalidad. Entre estos últimos se incluye el presentado por la Xunta contra varios artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que está admitido a trámite.




El Gobierno gallego autorizó recientemente este recurso, con el que pretende alcanzar los 805 millones de euros que reclama por distintos conceptos del acuerdo de financiación autonómica y que el Ejecutivo estatal le ha negado reiteradamente. En ese momento, Núñez Feijóo defendió que la decisión se adoptó tras "agotar" la vía de negociación política.

Tras la victoria de Rajoy en las urnas el pasado 20 de noviembre, preguntado al respecto, el presidente gallego ha manifestado que la Comunidad gallega no retirará este recurso salvo que se produzca "un acuerdo" y ha ratificado que, desde la "lealtad" institucional, su intención es mantenerse "firme" en la defensa de los intereses de Galicia con el nuevo Gobierno.

El mismo pronunciamiento político realizó esta semana en la Cámara, extendiendo su compromiso al AVE y a la defensa de los sectores estratégicos, y lo volvió a reiterar este viernes al anunciar que su Ejecutivo ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la, a su entender, "injusta" valoración del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de Novacaixagalicia en 181 millones.

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Precisamente, la máxima de "defender el autogobierno y los intereses de Galicia" con la que Núñez Feijóo entró en Monte Pío, se ha traducido en varios recursos de inconstitucionalidad, la mayor parte vinculados con el sector financiero en lo que va de legislatura.

Así las cosas, el Gobierno de Feijóo decidió interponer en 2010 un recurso de inconstitucionalidad contra la norma reguladora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la actitud "antigallega y obstruccionista" del Ejecutivo de Zapatero.

El anuncio de este recurso llegó en marzo de ese año, tras semanas de estancamiento en las negociaciones entre la Xunta y el Gobierno central sobre el recurso presentado ante el Constitucional sobre diez preceptos de la Ley de Cajas gallega. Otras comunidades autónomas también habían expresado reticencias acerca del fondo, pero el de Galicia fue el primer anuncio formal de un recurso.

Los "bandazos normativos" que, según la Xunta, marcaron la gestión del Gobierno socialista derivaron en un nuevo recurso contra la ley de reforzamiento financiero, al considerar Facenda que obligaba "a una recapitalización abrupta" de Novacaixagalicia, entidad resultante del proceso de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, que optó finalmente por crear un banco para desarrollar su negocio y dar entrada a inversores estratégicos.

Este recurso ante el TC se produjo directamente y sin previa negociación en la Comisión Bilateral, frente a lo ocurrido en el presentado contra la ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, que también acabó en el Constitucional, si bien, en este caso, hubo un diálogo previo que no fructificó.

REQUERIMIENTOS DE COMPETENCIAS

Al margen de los recursos de inconstitucionalidad contra determinadas leyes, Galicia tiene, como cualquier otra comunidad, derecho a plantear un requerimiento de incompetencia ante el Estado cuando considera que una decisión de éste --habitualmente a raíz de la aprobación de una orden o de una normativa-- invade las potestades que le reconoce su Estatuto de Autonomía.

Presentado el requerimiento, el Consejo de Ministros puede dar una respuesta favorable a la Comunidad, optar por la vía del silencio, buscar el acuerdo en la Comisión Bilateral o dictar una resolución que no satisfaga a la autonomía. En este último caso, lo habitual es que ésta recurra ante el TC para que sea el órgano judicial el que dé una respuesta definitiva al conflicto.

Conforme a este principio, el Gobierno gallego acordó interponer al Ejecutivo central su primer requerimiento de incompetencia por una orden estatal que convocaba subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro dirigidas a la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que en este caso fue atendido por el Estado y está en trámite de resolución, según han explicado a Europa Press fuentes de la Consellería de Presidencia.

ADMITIDOS A TRÁMITE

Frente a ello, han acabado en el TC otros requerimientos presentados por la Xunta como la orden por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la implantación y desarrollo social de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la resolución de convocatoria le las mismas.

El Constitucional también ha admitido a trámite el requerimiento de la Xunta en relación al decreto sobre ordenación del sector pesquero de 2009 y contra el decreto sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

En la misma situación, admitidos a trámite por el TC, se encuentran los requerimientos del Gobierno gallego contra las resoluciones por las que se convocan la concesión de subvenciones a municipios para el desarrollo de programas de integración de inmigrantes, de ayudas para entidades estatales relacionadas con los montes.

En el ámbito del empleo, el Ejecutivo autonómico presentó sendos requerimientos por las resoluciones aprobadas por el Estado para convocar subvenciones para programas de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados en riesgo de exclusión social, y de ayudas para la ejecución de planes de formación mediante convenios dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

Por último, en trámite de negociación en la Comisión Bilateral está, según constatan los archivos de Presidencia, el conflicto planteado por la Xunta contra la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, al entender que invade competencias autonómicas.

DEFENSA DEL AUTOGOBIERNO

La Xunta autorizó a finales de agosto de 2009 una comisión propia de seguimiento de disposiciones normativas estatales y de otras comunidades que busca garantizar el cumplimiento de las competencias de la Administración gallega y satisfacer "los intereses propios" de la comunidad, de acuerdo con el compromiso de defender el autogobierno en el que se reafirma Feijóo cada vez que anuncia un requerimiento o un recurso ante el TC.

Entre los cometidos de este órgano, se incluye el seguimiento de las disposiciones normativas estatales publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y las de otras comunidades, que sean susceptibles de vulnerar las competencias que Galicia tiene reconocidas en su Estatuto de Autonomía. También sigue los procedimientos de conflictividad iniciados por la Xunta, los formulados por el Estado y los abiertos por otras comunidades frente a disposiciones normativas estatales.

Fuente: EP