Joaquín Almunia ha dejado listo para sentencia el expediente del antiguo tax lease español. De nada han servido las quejas y argumentos planteados por el sector, las autoridades y los sindicatos en su visita de ayer a Bruselas: «Los inversores deberán devolver las ayudas a la hacienda pública», resolvió inflexible el comisario español de Competencia, que excluye de la obligación a astilleros y armadores.
Las esperanzas del sector estaban puestas en ese encuentro crucial que debía servir para hacer recapacitar a Almunia sobre los tremendos efectos que su propuesta de devolución de los beneficios fiscales por parte de los inversores, que ascienden a 3.000 millones de euros, podría tener sobre el naval: «Nuestros argumentos son lo suficientemente poderosos para hacer que rectifique, necesitamos financiación para poder continuar», aseguraba el director general del astillero gallego Metalships, Alberto Iglesias, en los momentos previos a la reunión en la que el ministro español de Industria, José Manuel Soria, estuvo acompañado de los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco.
Pero no ha sido así. El comisario se cerró en banda y dilapidó la propuesta de la delegación española de devolver únicamente las ayudas a partir del 2011, año en que la Comisión Europea abrió un expediente a España al considerar que las ayudas de Estado en forma de bonificación fiscal estaban distorsionando la libre competencia con otros socios europeos.
El ministro Soria defendió esta posibilidad asegurando que «hasta el 2011 hubo una total inacción por parte de la Comisión sobre las ayudas y nadie dijo nada». Los representantes de los astilleros lo corroboran: «Actuamos según la ley española y ahora nos dicen que es ilegal, es absurdo», protestó Alberto Iglesias.





Fuente: La Voz de Galicia