El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) llevaba tiempo con la idea de agilizar la privatización de Novagalicia lo más posible pese a que el rescate europeo exigió que no se demorase más allá del fin de 2016. Estas prisas que algunos expertos atribuyeron a la supuesta inexperiencia del Banco de España en la gestión de entidades financieras levantaron ampollas entre la oposición política gallega, que vio un oscuro interés por liquidar cuanto antes el patrimonio financiero de las antiguas cajas de ahorro gallegas.

El presidente del FROB, Fernando Restoy, reveló ayer en el Congreso que los expertos contratados en marzo pasado para analizar la situación de las nacionalizadas -la consultora McKinsey y el banco de inversión Nomura- apostaron abiertamente por "acelerar" el proceso como "la mejor opción posible" ante "el riesgo de deterioro de la franquicia". Lo que vino después, según Restoy, fue "cumplir el mandato legal" de vender su participación a través de un "procedimiento competitivo, transparente y no discriminatorio" para "maximizar el precio" y "minimizar el uso de los recursos públicos".




Los 1.003 millones de euros ofrecidos por el ganador, el grupo Etcheverría Banesco, superaron de largo las propuestas de los otros cinco candidatos. Pero ni así la devolución de ayudas pasa de anecdótica. "Se ha perdido una cantidad apreciable", reconoció ayer Restoy durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso. Prácticamente el 92% del dinero público.

Con las tres inyecciones de ayudas que acumula NCG -1.162 millones de la fusión de las dos cajas, los algo más de 2.400 millones de la nacionalización y los 5.425 millones a cargo del rescate europeo- el total de capital aportado por el Estado asciende a 8.981 millones de euros. La recuperación "neta" suma 728 millones de euros.

A los 1.003 millones que pone Banesco hay que restar los 275 millones que salen del FROB para "determinados compromisos y garantías adicionales" vinculados, sobre todo, a las denuncias de afectados por preferentes y otros conflictos legales, como la reclamación de 430 millones de la aseguradora Aviva por la ruptura del contrato que tenía con Caixa Galicia. De hecho, el también subgobernador del Banco de España cerró su intervención ante los diputados citándolos para un próximo balance del organismo en el que "posiblemente" habrá que añadir "pérdidas adicionales" en NCG. "En todo caso, debemos ser conscientes de que si no hubiéramos ido por esta vía de la nacionalización y venta, la única alternativa era una liquidación de la entidad y eso habría costado 13.000 millones de euros -defendió Restoy-. Es una pérdida importante para el contribuyente, sin duda, pero se reduce de manera apreciable el coste que habrían tenido otras estrategias alternativas".

El respaldo público a las probables contingencias que salgan del negocio de NCG forman parte del "contrato base" que el FROB diseñó para la puja. Banesco dio el mejor precio y "no proponía modificaciones relevantes" en él. Ahí estuvo parte de la clave de la victoria, dado que cuatro de las cinco oponentes pedían un Esquema de Protección de Activos (EPA).

Los 1.003 millones de euros, como adelantó este diario y confirmó ayer Restoy, salen de la suma de los 913 millones ofertados por "el perímetro básico" del banco y los 90 millones de la cartera de fallidos que el FROB sopesaba subastar en paralelo con firmas especializadas en recobro si no lograba un valor adecuado. El capital se abonará en cuatro plazos. El primero, de 313 millones, en "la fecha de consumación de la operación", previsiblemente entre marzo y abril. Hay que renegociar con Bruselas los ajustes pendientes y el Banco de España debe "ratificar la viabilidad de la integración" de NCG en el Etcheverría Banesco. Otros 100 millones se pagarán el 30 de junio de 2016, 200 millones más un año después y 300 millones en junio de 2018.

Porque también era "la más competitiva" de acuerdo con "los criterios de valoración establecidos", el FROB justificó la entrega del Gallego al Sabadell. "Un grupo financiero sólido", destacó Restoy, que recordó que una de las condiciones previas era inyectar 245 millones de euros.

Fuente: La Opinión de A Coruña