El Tribunal Supremo emitió el pasado mes de abril más de setenta autos en un solo día referidos a la expropiación para la construcción de la macrourbanización Costa Miño Golf de Martinsa-Fadesa, todos en contra del Ayuntamiento miñense: rechaza el último recurso que había planteado el Concello para evitar ser condenado como responsable subsidiario y tener que abonar los 21 millones pendientes de pago a los expropiados para ejecutar esta zona residencial y deportiva.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resolvió en julio de 2013 que Miño tenía que hacerse cargo del abono de este dinero debido a que en su día fue el que realizó la expropiación y ante la situación concursal de Martinsa-Fadesa, y ahora el Alto Tribunal lo ha confirmado.




El Supremo ni siquiera entró a debatir las razones de Miño, que exponía el letrado de la Diputación de A Coruña que actúa como abogado del Ayuntamiento, ya que advirtió de entrada que, para poder presentar un recurso de casación, un requisito básico según la legislación es que la cuantía del pleito debe superar los 150.000 euros.

La cuantía global del pleito llega a los 21 millones de euros, como expuso el letrado, pero el Supremo entiende que se tiene que tener en cuenta "cada uno de los recursos interpuestos en primera instancia" por los expropiados, por separado, y no vale "la suma total de las diferentes indemnizaciones solicitadas en concepto de justiprecio". Y los justiprecios que hay que abonar a cada expropiado no llegan a los 150.000 euros.

Los más de setenta autos emitidos por el Alto Tribunal el pasado mes de abril (aún pueden sumarse más) son idénticos en su resolución al considerar inadmisible el recurso presentado por el Concello de Miño y también coinciden en señalar que es una decisión firme, no recurrible.

Además, en los más de setenta autos del Tribunal Supremo se declara la obligación del Ayuntamiento de Miño de abonar las costas procesales (con un tope máximo de mil euros), cantidades que se suman.

El alcalde miñense, Jesús Veiga, declaró ayer desconocer la existencia de estos autos ya que es el letrado adjunto de la Diputación Provincial el que ha representado a esta administración local y aún no les había comunicado dichos autos judiciales.

Jesús Veiga señaló que se harán declaraciones sobre qué decisión tomará el Concello respecto a qué hacer ahora que se han rechazado de forma definitiva todos estos recursos y debe abonar los justiprecios pendientes a unos expropiados, defendidos por el letrado Jerónimo Escariz, que llevan una década de espera para cobrar lo que les corresponde, después de que les quitasen sus tierras y bienes.

Fuente: La Opinión de A Coruña