Las empresas gallegas vendieron el año pasado a la banca facturas pendientes de cobro por valor de 3.848 millones de euros para obtener liquidez. Las restricciones en el acceso al crédito y el aumento de la morosidad entre los clientes fuerzan al tejido empresarial a buscar alternativas para disponer de efectivo y afrontar el día a día (pago de nóminas, compra de material, abono de recibos...). Mediante el llamado factoring las firmas traspasan las facturas a una entidad financiera que, a cambio de una comisión de hasta el 2,5%, les adelanta el importe de estas deudas, asumiendo después ella el cobro a los deudores.

Desde el inicio de la crisis el recurso de los empresarios al factoring se disparó en Galicia pasando de los 2.998 millones de 2007 a los 5.000 millones en 2011. Sin embargo, a partir de esa fecha las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar la financiación a las pymes así como el plan de pago a proveedores puesto en marcha por la Administración central lograron reducir las facturas pendientes de cobro cedidas a la banca hasta los 3.848 millones (un 23% menos).




Son autónomos y pequeñas empresas los que más acuden a esta fórmula, según explican desde la Asociación Española de Factoring. Las grandes firmas tienen más facilidades para financiarse porque puedan acudir a los mercados internacionales, pero esta opción no está alcance de las más modestas.

Con el factoring la empresa consigue que le adelanten el pago de las facturas que tiene pendientes de ingresar mientras la banca gestiona su cobro y se queda con el 100% más una comisión de hasta el 2,5%.

El presidente de la Asociación Española de Factoring, Javier Rodríguez-Martiñán, reconoce que el "entorno económico tan adverso" afectó a esta actividad, pero aún así advierte que las cifras de inversión de 2013 están por encima de las del periodo 2007-2010, "los años más duros de la crisis".

En España el factoring bajó casi un 6% en el último año pero aún mueve 116.500 millones en facturas cedidas por las empresas.

Además del plan de pago a proveedores, Martiñán apunta que también pudo influir un cambio en la clasificación de estas operaciones. Aquellas que cubren el riesgo de insolvencia y afectan a administraciones públicas han dejado de computar en términos de contabilidad como una operación comercial para ser consideradas crédito puro, para que se tengan en cuenta estas deudas cuando se hace el balance financiero de las administraciones. "Esto ha tenido un impacto directo ya que las administraciones que hasta ahora no ponían objeciones a que sus proveedores se financiaran vía factoring, ahora han empezado a obstaculizar estas operaciones", explica Rodríguez Martiñán.

Galicia es la sexta autonomía donde las empresas traspasaron más deudas a la banca, por detrás de Madrid (48.800 millones), Cataluña (21.900 millones), Valencia (10.000 millones) País Vasco (8.100 millones) y Andalucía (7.900 millones). El sector del comercio y las reparaciones está entre los que más recurren a esta forma de financiación, junto con las industrias manufactureras, y las firmas de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Fuente: La Opinión de A Coruña