Hacienda ha tenido que dar una vez más la razón a los ayuntamientos en su batalla contra la reforma local. En esta ocasión a cuenta del traspaso a las comunidades autónomas de los servicios sociales, la red de prestaciones de proximidad sobre la que descansa el peso de la atención a los más desfavorecidos. En contra de la última versión del proyecto de ley, que fija el 31 de diciembre de 2015 como límite para que se haya producido esta cesión, ahora el Gobierno central pide a las comunidades que deleguen en las administraciones locales estas prestaciones porque son los que "mejor" lo hacen, según defendió esta semana en el Senado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Hace ya meses, alcaldes gallegos advertían a este periódico del "caos" que supondría para los vecinos el traspaso a la Xunta de la gestión de ayudas al hogar, las áreas de atención a la mujer, drogodependencia, emigración e inmigración o los psicólogos y educadores sociales. Tal fue el rechazo del municipalismo a esta cesión que regidores del área metropolitana de A Coruña y trabajadores protagonizaron manifestaciones para reclamar que estas tareas los siguieran prestando los ayuntamientos ¿A quiénes se van a dirigir los ciudadanos cuando tengan que solicitar estos servicios, van a tener que ir a Santiago, a las delegaciones de la Xunta? Las preguntas sin respuesta escondían su temor al desmantelamiento de estos servicios, de los que se benefician más de 2,6 millones de ciudadanos.




La reivindicación de los ayuntamientos para que estos servicios siga prestándolos la administración local con financiación de las comunidades ha sido atendida por el Gobierno. Meses después de que los alcaldes salieran a la calle para manifestar su rechazo al traspaso, Montoro defendió que el objetivo de Hacienda con esta reforma es potenciar el municipalismo y por ello anunció que va a "impulsar" que las comunidades "deleguen" sus competencias en servicios sociales a las corporaciones locales porque -argumentó- "son los que mejor saben hacerlas".

"Son esas administraciones locales las que deben llevar adelante ese tipo de actividades con independencia de que los estatutos reconozcan competencia exclusiva. Por la operatividad de esas funciones deben delegar", argumentó el ministro de Hacienda en presencia de responsables autonómicos durante su intervención en el Senado el martes.

Según la última versión de la reforma local, las comunidades autónomas se verán obligadas a hacer frente a los gastos de sanidad, educación y servicios sociales, unas competencias que a pesar de ser de titularidad autonómica asumen en la actualidad los ayuntamientos. En el caso de Galicia, el traspaso de estas prestaciones a la Xunta se traducirán en un coste de alrededor de 300 millones anuales -100 millones es lo que desembolsan cada año los ayuntamientos para el mantenimiento de centros de salud y colegios y casi 200 en servicios sociales-. En el caso de que comunidades y concellos decidan finalmente que estos servicios los siguen prestando los ayuntamientos, será el Ejecutivo autonómico el que tenga que hacerse cargo de los gastos.

Fuente: La Opinión de A Coruña