Esa es al menos la previsión que manejan los trabajadores de la Agencia Tributaria en la comunidad gallega, según las fuentes consultadas. Esta cifra se suma a los 20.000 retornados que ya han sido este 2013 objeto de investigación, lo que ha generado un enorme debate social.

En un inicio, Hacienda había abierto expediente, de forma que no solo reclamaba las cantidades no declaradas, sino que imponía el pago de unos intereses y una sanción. El pasado mes de septiembre, por unanimidad, la Cámara gallega aprobó una resolución en la que instaba a Hacienda a dejar de multar a los jubilados, al estar muchos de ellos desinformados. Montoro, gracias a la intermediación de la titular de Facenda, Elena Muñoz, anunció que se estudiaría caso a caso. Pero poco más se ha sabido. Mientras la UE todavía no se ha pronunciado sobre si los retornados con pensión del extranjero deben tributar en España, Hacienda ya ha recaudado este año en Galicia más de 3,5 millones de los 25.000 emigrantes.




La normativa en vigor sobre IRPF establece que todo «aquel residente fiscal residente en España debe declarar las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo». Con unos 800.000 retornados en España en esta situación, y unos 150.000 gallegos, según estima Hacienda, surge la pregunta de por qué no se reclamó antes la declaración.

La Agencia Tributaria lo atribuye a un mejor flujo de información disponible. Las asociaciones de afectados entienden que existen sentencias que contradicen e criterio de Hacienda. Y se apoyan en cuatro dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2010.

En ellas se establece que lo percibido por cotizar en el extranjero no estaría sujeto a tributación, porque las pensiones son de carácter público, con independencia de que su origen proceda de un trabajo en la Administración o del sector privado. Con todo, los retornados, antes que nada, deben averiguar si el país del que se cobra la pensión tiene suscrito un convenio con España para evitar una doble imposición, que es donde se establece si el emigrante debe tributar en el país de origen del subsidio o en el de residencia. Lo mayoría de países que acogieron a los gallegos sí tienen estos acuerdos con España.

Fuente: La Voz de Galicia